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Los privilegios del expresidente fugado

Publicado en La Gaceta de Salamanca

 

Está en toda la prensa: Puigdemont ha pedido al Govern despacho, coche oficial y seguridad como expresidente. Más allá de lo que me indigna  pensar lo que nos cuestan los expresidentes de todas las autonomías –además del presidente del país- (ya sé, ya sé, estamos todos encantados de duplicar, triplicar y multiplicar cargos,, pero luego nos quejamos de que no hay de dónde sacar para pagar las pensiones), mi duda razonable es sí una persona fugada de la Justicia española puede/debe cobrar dinero del Estado español. Puigdemont dirá que el que paga es el Govern, pero como todos sabemos, los presupuestos autonómicos dependen de los generales y, en definitiva, todo sale del mismo bolsillo: el de todos los españoles. Que una persona que ha cometido un delito, ha burlado a la Justicia y se ha marchado dejando a los suyos en la estacada para que ellos cumplan en la cárcel mientras él se pasea por Europa como si fuera un mártir, vaya a tener coche oficial y seguridad como expresidente me parece un chiste. Y eso que contentos tenemos que estar de que el ínclito no haya solicitado la retribución que le “corresponde” como expresident,  al ser esta incompatible con la que tiene como cargo público ¡¡que sigue percibiendo como diputado del PDeCAT!! Mientras el Govern se jacta de estar tramitando ya la petición para poner a Puigdemont los medios de los que ya disfrutan otros expresidentes de la Generalitat como Mas o Montilla, a los españoles se nos pone cara de imbéciles, pensando que un presidente de una autonomía puede matar a su perro, atropellar a un ciclista… ¡o dar un golpe de estado! sin que eso suponga que se le vayan a cuestionar los privilegios que le adjudican tras haber sido presidente. Puigdemont lo fue durante menos de un año, pero eso ya le concede la gracia de una oficina –con tres trabajadores-, seguridad y coche oficial, incluso aunque esté procesado por delitos de rebelión y malversación y esté huido de la Justicia.

Supongo que habrá quien explique todo esto retorciendo la legalidad y mirando siempre desde el punto de vista desde los independentistas, pero somos muchos los españoles que no lo comprendemos y que no solo cuestionamos  tales derechos de Puigdemont, sino que exigimos que, si los ampara la Ley, esta se cambie de inmediato.

Que quien delinque, sea quien sea, pueda hacerle un corte de mangas a la Justicia y, además, seguir cobrando de todos los españoles no solo provoca indignación, sino también un inmenso desamparo.

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