Estoy recasada. Y soy feliz. Pero, por desgracia, pese a ser creyente, no he podido volver a casarme por la Iglesia. No es solo que los trámites no sean fáciles, sino que, además, habiendo hijos de los matrimonios anteriores por ambas partes, nunca he sabido cómo se podría justificar una disolución matrimonial, que ratificara que las uniones maritales previas nunca existieron. Hasta el momento mi situación, como la de tantísimos divorciados, es insostenible. No se realmente a qué distancia me quiere la Iglesia, ni si llega a considerarme una especie de leprosa del siglo XXI, pero sí se que no me permite comulgar. Es decir, me tiene apartada del más importante de todos sus sacramentos. Los hijos de mi actual matrimonio civil (la Iglesia, de la que ya no se si puedo decir que formo parte, no considera vínculo de ningún tipo ese compromiso) están bautizados y, o han hecho la Primera Comunión o les toca hacerla pronto. Y, como no podía ser de otra manera, a mí me corresponde explicarles por qué sus padres, que les inculcan unas determinadas creencias y les invitan a que comulguen para unirse a Cristo como máxima prueba de que pertenecen a una religión determinada, no pueden hacerlo. Y no es sencillo. Más bien, es imposible. Una situación sin salida, que se bien que ha llevado a muchos católicos en mis mismas circunstancias a rendirse. Yo llevaba tiempo esperando una brizna de esperanza. Y ese informe del cardenal Casper sobre este problema que, sin duda, necesita una solución, lo es. Sobre todo porque el Papa Francisco lo ha aplaudido. Habrá quien piense que eso no quiere decir nada. Pero para mí es mucho. Es una señal.

La Razón