Parece que, al borde del fin del mundo, que según el calendario maya acabará el 21 de diciembre, a los funcionarios, al menos en España, les toca reinventarse. De aquí a que el nuevo universo se configure, ellos deben saber que en él su oposición ya no los librará de todo mal. O lo que es lo mismo: que aunque sea entre ellos mismos, también les tocará competir. Por lo menos, en el ámbito de la educación, donde, tras la reforma educativa, parece que los directores de los colegios públicos tendrán el derecho y el deber de elegir, de entre los profesores/funcionarios, aquellos que más se adapten a las exigencias de las plazas de los centros que dirigen.  Así, en principio, no parece descabellado pensar que el director de una escuela pública, y por ende su máximo responsable, sea quien determine si el profesor que contrata está lo suficientemente cualificado o no, porque más allá de los conocimientos está la forma de impartirlos, que debería acomodarse a las necesidades del alumnado. Sin embargo, si echamos la vista atrás y nos basamos en pasadas experiencias, tal vez haya que pensar en que esta fórmula, ideada para que cada profesor/funcionario pueda colocarse en el lugar en el que vaya a resultar más eficiente, puede acabar convirtiendo a cada colegio público en el feudo de su director (que por cierto también es funcionario), donde él, amo y señor, acabe por designar, como tantas veces a dedo, si éste o aquel profesor/ funcionario es el que le conviene más, no sólo por ser o no el más apto, sino también por ser, por ejemplo, el primo de la hermana de la vecina del quinto…

La Razón