Parece que nuestro Gobierno empieza a percatarse de que vivimos en el siglo XXI y de que, cada vez más, todo lo haremos a través de las diversas pantallas que rigen nuestros destinos. A la espera de que se regulen en internet los derechos a la propiedad intelectual o al honor y la intimidad, y se logre que desaparezcan las calumnias y las injurias, podemos consolarnos sabiendo que, al menos, las hasta ahora bastante arriesgadas transacciones económicas por ordenador, según se supo ayer tras la reunión del Consejo de Ministros, pronto empezarán a regularse. Aviso a comerciantes listillos, de esos que pretenden abusar de nuestra inocencia y nuestro conocimiento y nos colocan en negrita un subtotal para que no veamos que más allá del «dele usted a la tecla», o lo que es lo mismo, del «acepte», hay un total que, cuando nos llegue, nos puede hacer mucha pupa. A partir de ahora, o el total precede a esa tecla asesina o cuando recibamos la cuenta podremos reclamar nuestro dinero. Y no sólo eso: ya no bastará con que certifiquemos nuestro acuerdo o desacuerdo a través de una llamada telefónica o «pulsando la tecla 2 o la tecla 1»; para que no se nos escape el dedito con tanta alegría, ni nos puedan engañar con palabrería telefónica el Gobierno ha decretado que cualquier confirmación de contratación o pago se tenga que hacer, obligatoriamente, por escrito. Algunos pensarán que estamos como para ponerle trabas a las compras y a las ventas, pero dado que ya nos hemos dado cuenta de que, en estos tiempos de crisis, no podemos fiarnos ni de nuestro padre, bienvenidas sean hasta las más absurdas de la reglas.

La Razón