Si tuviera la posibilidad de organizar el infierno, colocaría llamas más altas y feroces en una esquina y la reservaría para quienes abusan de los más indefensos. Y de entre ellos, elegiría una parrilla de tortura que durase toda la eternidad, para quienes se atreven a aprovecharse de las personas con discapacidad –sexualmente, que es lo más habitual, o de cualquier otra manera-. Los depredadores humanos siempre me han provocado una infinita repugnancia; un asco que me lleva a desearles lo peor, para siempre jamás,  y sin posibilidad de perdón. Menos mal que no me dejan hacer las leyes, porque para ellos elegiría una cárcel sin ventanas y tiraría la llave al mar. Sin embargo, parece que quienes legislan, quienes juzgan o quizás todos, por aquello de que en este país no acaba de saberse bien donde acaba un poder y empieza otro, deben encontrar estos casos menos graves que yo. Es cierto que en algunos de ellos,  muy precisos, de esos que dejan cicatrices visibles, más que las del alma que no se ven,  se contemplan incluso diez y hasta quince años de pena; pero no suele ser lo habitual, ni, desde luego, lo que finalmente cumplen los malhechores. No se si el hecho de que las condenas no sean lo suficientemente largas y duras provoca que cada año aumenten estos abusos bochornosos –en este año llevamos contabilizados 85, doce más que el año pasado y 36 más que el anterior- pero sí se, porque también lo cuentan las cifras, que la realidad es mucho más dura, que solo se denuncia el 69 por ciento de los casos y que urge tomar medidas con las que proteger a las víctimas, pero de verdad…

La Razón