Publicado en La Gaceta de Salamanca

Como lo leen. Muchos de ustedes, ajenos al Derecho, pero siempre atentos a la actualidad,  lo sabrían ya, pero como resulta tan  increíble y contradictorio pensarlo como para hacernos dudar sobre los matices, el otro día quise volver a preguntárselo en Espejo Público al prestigioso jurista y abogado  Ignacio Gordillo, para que lo dejara lo suficientemente claro y todos pudiéramos reflexionar sobre el asunto. Después de las bochornosas informaciones contenidas en las declaraciones en el caso Gürtel Ricardo Costa, que corroboraron casi el total del resto de los imputados, los mandamases preguntados del PP no pararon de justificarlas aludiendo a la “estrategia de la defensa”. Mientras, el señalado como responsable de todo, el antes líder carismático popular valenciano Francisco Camps y ex jefe del señalador, no paraba de reiterar su inocencia. “El derecho a la defensa no puede suponer el derecho a la ofensa”- decía el ex presidente de la Comunidad Valenciana, mientras muchos españoles, indiferentes por completo a los tinglados legales se preguntaban “¿Eso quiere decir que no se puede ofender pero  que es lícito mentir?” Pues sí, queridos compatriotas lectores y amigos: lo es. En un juicio los testigos tienen que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero los imputados pueden contar tantas milongas como les parezca oportuno, convenientemente asesorados por sus abogados, para lograr engañar al tribunal, rodear la justicia, e irse de rositas. Como eso es así, ya se pueden imaginar ustedes que suceden cosas que son tan  difícilmente comprensibles como punibles; por ejemplo que un asesino “olvide” el paradero de su víctima y le señale a la policía mil y un destinos investigables, para evitar que encuentren el cadáver y así conseguir que su pena sea menor o incluso que,  a veces, ni sea. En un país como el nuestro donde la justicia es tan lenta como para que a estas alturas se anden juzgando casos como el Gürtel, de diez años atrás, con prescripciones al por mayor, el hecho de que más allá de tener que probarse la culpabilidad de los imputados, haya que bucear en sus mentiras para tratar  de probar los hechos y lograr que los delincuentes paguen por sus delitos, complica bastante las probabilidades de éxito. Pero sobre todo, incita a la sociedad en general, a regirse por el engaño y a concluir que si a uno le cazan en un renuncio lo que hay que hacer es negar primero e inventar después. A lo mejor ni así se sale indemne, pero puede ser que sí y hay que probar… ¿Por qué no hacerlo si mentir es legal?