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Okupas

Publicado en La Gaceta de Salamanca

«Ahora es nuestro domicilio, si entráis os denunciamos por allanamiento”. Ese es el cartel con el que se encontró hace pocos días la Policía, en un domicilio okupado en Alicante, que frenó de sopetón sus intenciones de derribar la puerta y entrar en una vivienda que no pertenecía a quienes la habitaban.

No es solo que los propietarios de las casas okupadas no tengan herramientas legales para luchar por su propiedad y sus intereses, es que los okupas tienen a su favor a la propia ley. Y tales okupas, que casi nunca son esos pobres desahuciados de los que hay que compadecerse y en tantas ocasiones forman parte de mafias que saben muy bien hasta donde pueden o no llegar, son muy conscientes de ello.

Desde los okupas familiares que retuercen sus derechos hasta convertir en inexistentes los de sus allegados, hasta los okupas veraniegos que eligen complejos como los de la empresa Tiempo Libre en Marbella, Cádiz, Granada, Almería, Huelva o Jaén para pasar las vacaciones, los hay de diversas idiosincrasias. Pero todos tienen una característica en común: ninguno siente respeto por la propiedad privada ni remordimiento por el mal que provocan a los dueños de los edificios que okupan.Mientras las agencias “desokupadoras” y las empresas de alarmas se ponen las botas ante esta situación de indefensión, son cada vez más los españoles que se preguntan por qué esto solo ocurre en España y Portugal, donde, a diferencia de la mayoría de los países europeos, no se cuenta con mecanismos ágiles y rápidos para desalojar a los okupas. Es tan fácil okupar y tan difícil desokupar en nuestro país, y son tan pocas las consecuencias para los okupas, que la multiplicación de las quejas de los propietarios -más escuchadas en los medios que en los tribunales- han llevado a que el Congreso tenga que plantearse agilizar el desalojo de estos delincuentes y se ha admitido por fin a trámite una nueva proposición de ley. Eso sí, solo afectará a las viviendas de particulares, ONGs y administraciones públicas y no a las de bancos, fondos de inversión, inmobiliarias y sociedades patrimoniales. Está claro que los “discriminados” no necesitan las viviendas okupadas para sobrevivir, pero tampoco el dinero que reciben de las hipotecas suscritas por millones de españoles. Entonces, si los okupas no pagan por el delito de habitar casas de bancos, fondos de inversión, etc. ¿Con qué argumento se puede pedir a quienes tienen créditos hipotecarios que los paguen? Y por cierto ¿cómo pueden atreverse a echarlos de sus casas por no pagar una parte, mientras dejan a los okupas en las “suyas” sin pagar nada de nada?

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