Trabajar con cámaras ocultas es como hacerlo con metralletas. Se disparan ráfagas de proyectiles contra la intimidad y se la hace saltar por los aires. Está mal utilizarlas. Muy mal diría yo. Aunque parece peor usar metralletas. Sin embargo, ¿recurriríamos a las armas para salvar inocentes? ¿dispararíamos a quienes se dispusieran a quitarles la vida a los desprotegidos?  Metralletas no, gracias. Salvo cuando no quede otro remedio. Y cámaras ocultas tampoco. A excepción de aquellos casos en los que, con ellas, se puedan salvar vidas.  Las fechorías del Dr. Morín, el ginecólogo que, supuestamente, realizaba abortos incluso a embarazadas de 32 semanas y se deshacía de los restos de los fetos, ya más niños que embriones, de las maneras más viles (a veces triturando sus restos y tirándolos a las alcantarillas) fueron descubiertas a través de cámaras ocultas de una televisión danesa. Más allá de los peligros para las madres, desvelados a través de grabaciones físicas y telefónicas, debidos a unas intervenciones de riesgo que se efectuaban con una indiscutible mala praxis, la legislación en nuestro país respecto al aborto, incluso en sus momentos más aperturistas,  no ha permitido nunca interrumpir embarazos tan avanzados. Independientemente de lo que nos dicte la moral a cada uno de nosotros respecto al aborto, está el hecho de pensar que, en las circunstancias que, al parecer, se producían los del Dr. Morín, se cometían varios delitos. El abogado de la defensa de este caso pretende que el caso se declare nulo por haberse obtenido la mayoría de las pruebas a través de grabaciones ilícitas.  La paradoja sería que la Justicia pudiera ver los crímenes de un hombre y estuviera obligada a no condenarlos.

La Razón